En Colombia, las presiones por la pandemia chocan con un cuestionamiento de fondo a la policía

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Entre los muchos motivos de queja que alimentan la ola de protestas en Colombia —que incluyen la reforma a la salud, los subsidios para los trabajadores informales y la prohibición de la erradicación forzosa de la coca— el principal es la brutalidad policial y las violaciones contra los derechos humanos, por los que muchos manifestantes acusan a las fuerzas de seguridad.

Entre los muchos motivos de queja que alimentan la ola de protestas más extendidas que ha visto Colombia en años — que incluyen la reforma a la salud, los subsidios para los trabajadores informales y la prohibición de la erradicación forzosa de la coca— el principal es la brutalidad policial y los abusos contra los derechos humanos por los que muchos manifestantes acusan a las fuerzas de seguridad.

Según Temblores, una ONG de Colombia que rastrea los casos de presunto abuso policial, han habido más de 1.800 casos de violencia policial desde que comenzaron las marchas el 28 de abril, junto con numerosos casos de policías que lanzan gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que se han vuelto virales en redes sociales. Los datos se basan en una compilación de reportes de medios. Open Society Foundations, con base en Estados Unidos, está entre quienes brindan apoyo financiero a Temblores.

Agentes de la Policía Nacional de Colombia estuvieron involucrados en la muerte de al menos 11 manifestantes en los últimos siete días, según el ministro del Interior del país, Daniel Palacios. El jerarca dijo a CNN que se han emitido al menos tres órdenes de arresto contra policías involucrados en las muertes.

Al mismo tiempo, la policía ha sido blanco de grupos de alborotadores violentos. Desde que comenzaron las protestas, 25 comisarías fueron atacadas, según la Defensoría del Pueblo. En uno de los casos, los manifestantes prendieron fuego una comisaría en Bogotá con al menos 10 agentes atrapados dentro. Las imágenes captadas se volvieron virales y desencadenaron otro debate entre quienes defienden a la policía y quienes piden reformas profundas dentro del cuerpo.

Ya han estallado enfrentamientos violentos entre la policía colombiana y manifestantes antes: el año pasado, decenas de comisarías de Bogotá fueron vandalizadas en septiembre en otra ola de protestas contra la violencia policial, un trágico episodio en el que murieron al menos 13 personas.

Los enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes ya han estallado en ocasiones anteriores. El año pasado, decenas de comisarías en Bogotá fueron vandalizadas en septiembre, en otra oleada de protestas contra la violencia policial, un episodio trágico en el que murieron al menos 13 personas.

Las raíces de este conflicto están en el pasado de Colombia y conectan tanto con las tensiones por las presiones recientes asociadas al covid-19 como con la larga historia de conflictos en el país.

Severidad en el cumplimiento de las normas de cuarentena

En Colombia, la pandemia afectó las finanzas de todo el mundo: desde los trabajadores informales a los que no se les permitió trabajar a los que perdieron su empleo, pasando por las finanzas del propio Estado.

En el marco del confinamiento, la deuda de Colombia se disparó en US$ 20.000 millones en cinco meses, lo que presionó al Gobierno a aumentar los ingresos a través de impuestos. Mientras tanto, el desempleo casi se duplicó entre marzo y junio del año pasado como resultado de los confinamientos.

Si bien la pérdida de empleos se redujo después del pico de la crisis, en marzo de este año el 16,8% de los trabajadores en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más grandes estaba sin trabajo, 3,4 puntos porcentuales más que en marzo de 2020. Eso es aproximadamente medio millón más de personas desempleadas en el año, según el DANE, la agencia de estadísticas del gobierno.

El confinamiento de Colombia el año pasado, que duró meses, afectó con especial dureza a las clases con ingresos más bajos ya los trabajadores informales. Y el rol impopular de hacer cumplir el confinamiento recayó en gran medida en la policía, que a menudo era la única institución estatal presente en los pueblos pequeños de la Colombia rural y los vastos barrios pobres que rodean a las principales áreas metropolitanas.

En momentos en que los servicios sociales y las instituciones cívicas tuvieron que cerrar y trabajar de manera remota, la policía se convirtió en la cara visible de las irritantes restricciones impuestas, incluidos los toques de queda, la prohibición de venta de alcohol y las multas a los transgresores. Las multas altas han exacerbado la antipatía hacia la policía, especialmente entre los ciudadanos con menos recursos.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, la policía colombiana emitió 2,5 millones de multas por violar las órdenes de cuarentena (alrededor de 6.400 por día). Eso equivale aproximadamente al número de casos de covid-19 reportados en Colombia durante ese período.

Un legado de guerra

Las tensiones de la pandemia también han chocado con un ajuste de cuentas existencial más amplio para la policía de Colombia.

El país estuvo en guerra durante la mayor parte de la última mitad del siglo XX, cuando el gobierno se enfrentó a insurgentes de izquierda en ciudades y áreas rurales, paramilitares de derecha y algunos de los carteles de drogas más poderosos del mundo, que a su vez hizo alianzas con la guerrilla o con los paramilitares.

Pero eso ya no es así. Según la Jurisdicción Especial para la Paz encargada de investigar los crímenes cometidos durante la guerra —parte de los términos de los acuerdos de paz de 2016— 6.402 colombianos murieron a manos de las fuerzas de seguridad con el fin de aumentar las cifras de muertes durante la guerra entre 2002 y 2008, un escándalo conocido colectivamente como «falsos positivos», que se ha convertido en un grito de guerra para los desafectos.

La transición hacia la paz significó que estos crímenes ahora se pueden investigar, y las fuerzas de seguridad enfrentan un escrutinio sin precedentes.

Como dijo Dickson, «algo que la calle realmente está pidiendo es una señal de que las autoridades civiles pueden hacer responsables a la policía y al ejército por mala conducta».

#Colombia

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